La nueva Ley aprobada por el Consejo Legislativo el 22 de mayo del 2023 y publicada en la gaceta Nº 12112 además de los vicios de inconstitucionalidad observados por expertos tributarios que señalan existen en muchos de sus artículos y contradicciones con los principios de derecho y justicia constitucionales que propugnan la defensa de los sectores más vulnerables de la colectividad ,la justicia social, democratización, eficiencia ,libre competencia, productividad y solidaridad .La nueva ley atenta en primer lugar, contra la población más vulnerable del estado, que hoy constituye casi el 90 % , viviendo en condiciones de pobreza de ingresos y el 75 % en pobreza extrema. A esta precariedad social ahora deberán soportar a su ya pesada carga fiscal de tributos directos e indirectos de un sistema tributario que descarga en el ciudadano más del 40 % de los ingresos públicos más tributos fiscales. En un país donde el ingreso promedio incluido los salarios y las bonificaciones no superan los 50 $. La recaudación fiscal del año 2022 según cifras del SENIAT superó los 4500 millones de dólares, con lo cual la carga fiscal percapita oscila entre 16 y 20 dólares mensuales, de los cuales el IVA , impuesto regresivo que pecha a todas compras del venezolano supera el 50 % (el triple del ISLR) con mayor impacto en los sectores de más bajos ingresos. Se estima que el 80 % de los ingresos ordinarios del Estado provienen de este tipo de impuestos regresivos.
De tal manera que agregar nuevos tributos regresivos a más de 24 sectores de la actividad social, económica y cultural de los tachirenses es leonino y contraproducente al mejoramiento de su calidad de vida, con el agravante que no existan garantías que esta nueva carga fiscal se vea reflejada en el mejoramiento de los servicios públicos y la seguridad social de los ciudadanos por el grave deterioro de los mismos, lejos de ello, constituye un componente que contribuyen a desmejorar su bienestar e incrementar la pobreza en la región por sobre la media nacional .
En segundo lugar, impacto negativo de la Ley está en el área económica. Las cargas parafiscales excesivas que se le agregan a los agentes económicos en entornos depresivos e inflacionarios, por definición son contraproducentes para lograr la recuperación del aparato productivo y lograr el crecimiento de la economía, contrarios al principio constitucional que propugna el fortalecimiento de la economía, la seguridad jurídica, sustentabilidad, equidad, dinamismo y solidez de este sector. En el país las empresas cancelan más de 33 tipos de impuestos indirectos en las diferentes escalas de la tributación fiscal nacionales, regionales y municipales que no son descontados del ISLR y que elevan el déficit fiscal de las empresas en más de 1000 horas/hombre en su actividad económica.
En economías depresivas, inflacionarias e inestables crear nuevos impuestos parafiscales sin contrapartida en servicios públicos, economías externas y seguridad social de sus trabajadores es contraproducente.
El aparato productivo regional opera con más del 60 % de su capacidad ociosa, con una contracción de la demanda superior al 40 % y una competencia desigual frente al mercado colombiano que tiene una economía más estable, con una carga fiscal más baja y procesos administrativos públicos más simples y eficaces. Mientras en Colombia emprender un negocio lleva 9 a 10 trámites y el tiempo de ejecución no supera los 15 días, en la región hay que cumplir más de 40 registros y procesos administrativos, con un promedio de ejecución que supera los 230 días.
El país ocupa el lugar 186 de 190 países donde es más difícil hacer un negocio mientras Colombia ocupa el puesto 43, en América Latina ocupamos el lugar 20 en dificultad para emprender negocios ( datos del Banco Mundial ).
Agregar más impuestos al aparato productivo regional solo contribuye a complicar más los procesos administrativos estadales y municipales desestimulando la inversión local y extranjera que es fundamental para lograr el crecimiento económico, contribuyendo a incrementar el cementerio de empresas cerradas que ha dejado en el país en los últimos 20 años más de 500.000 establecimientos comerciales cerrados pasando de más de 830000 que existían en el 2002 a menos de 200.000 en el 2022 y un parque industrial que paso de más de 12.000 empresas a menos de 2.000 en el 2022.
Si bien los tributos regionales y municipales son necesarios para recaudar ingresos de los gobiernos locales y contribuir a cubrir los gastos operativos y el mantenimiento de los servicios públicos y los programas sociales, su aplicación debe estar en concordancia con la realidad social y económica nacional y regional , aplicarlos sin un estudio serio de impacto social y económico solo contribuye a acelerar la crisis y desmejorar la calidad de vida de sus habitantes, lejos de esta receta fiscalista, se ha demostrado internacionalmente que en situaciones de dificultad económica de un país, la reducción de impuestos regresivos como el IVA ,el IGTF, IDB,Registros y Notarias,etc, han sido determinantes para su recuperación y progreso.
La sociedad tachirense, ciudadanos ,empresarios, profesionales, trabajadores deben solicitar la derogación de este instrumento fiscal, no porque se nieguen a contribuir con el gasto público sino por su carácter anticonstitucional y contraproducente en un entorno social y económico precario y depresivo .
Econ Dilio Hernández
Director del CIAP.